El país no cuenta con un mandato constitucional ni con una ley específica para proteger a la población LGBTIQ. La única normativa que incluye como categoría protegida a las identidades de género y a la orientación sexual es la Ley 7 del 2018, que aborda el tema de la discriminación. Diez años antes, en el 2008, a través de un decreto ejecutivo se despenalizó la homosexualidad en Panamá. Recientemente, en marzo del 2022, se publicó en la Gaceta Oficial una nueva normativa sobre la salud integral para personas claves del Ministerio de Salud, entre ellas, la población LGBTIQ. Es el primer documento gubernamental que reglamenta un trato digno para las diversidades sexuales.

Finalmente, en relación al matrimonio igualitario, hay cuatro demandas planteadas a la Corte Suprema de Justicia de Panamá. La primera se presentó en el 2016. Mientras que, en la Asamblea Legislativa (poder legislativo), hay iniciativas antiderechos contra las personas LGBTIQ en comités legislativos.