En el país no existe un marco normativo específico para proteger los derechos de las personas LGBTI. La Constitución Política del Perú, vigente desde 1993, no establece prohibiciones para las distintas formas de discriminación por orientación sexual e identidad de género. El Código Procesal Constitucional, por su parte, solo garantiza protección para las orientaciones sexuales. Con dichos antecedentes, el 25 de octubre del 2016, el estado peruano firmó la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, que incluye la orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, está pendiente de ser debatida y ratificada por el Congreso de la República, un requisito necesario para que pueda tener vigencia en el país.

Además, en el Congreso de la República aún no se han aprobado iniciativas legislativas para garantizar los derechos a las personas LGBTI. Por el contrario, el poder legislativo ha sostenido una agenda adversa: las y los congresistas han rechazado la posibilidad de incluir la orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas. Esta situación revela que los debates legislativos sobre protección a los derechos de las personas LGBTI no han prosperado, lo que se ha traducido en que unas propuestas han sido archivadas y otras aún no se han debatido en el Congreso de la República.