Por. Miluska Luzquiños Tafur, directora ejecutiva de Trans organización Feminista por los Derechos Humanos de las personas Trans.

En el Perú, las personas trans no tienen garantizados sus derechos debido a que el Estado no cuenta con una Ley de Identidad de Género promulgada como paso inequívoco al camino de provisión de políticas públicas que promuevan los derechos de las personas trans, con acento en su inclusión y legitimación, aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos sí reconoce los derechos de las personas LGBTQ. Además, la pandemia del COVID-19 ha acentuado severamente las brechas preexistentes en torno a la aspiración de una vida digna. Asimismo, la agenda política de las autoridades peruanas ha archivado las iniciativas de ley sobre esta materia. Por si fuera poco, quienes postularon a la primera magistratura del país en 2021 reafirmaban una postura (ultra)conservadora.

En el Perú, se estima que una persona trans no traspasa la barrera de los 35 años por causa del VIH-SIDA y se le considera socialmente muerta, de acuerdo al estudio de Salazar y Villayzán (2010) sobre “La situación de la población trans en el Perú en el contexto del acceso universal a tratamiento, atención y apoyo en VIH/SIDA”. Las personas trans no solo no tienen acceso a derechos como a la identidad documentada, educación, salud, trabajo y vivienda —lo cual les obliga a lidiar a diario con la pobreza—, también sufren la discriminación y la violencia. La exclusión de las personas trans ha orillado a muchas mujeres transgénero migrantes a dedicarse al trabajo sexual en calle, quienes durante las cuarentenas por el COVID-19, no han obtenido ingresos para alimentarse, pagar la vivienda y resolver temas de salud.

Siendo el Perú un país con arraigada cultura patriarcal, donde la diversidad sexual y el derecho a la identidad de género son tabús, los avances a favor de los derechos de las personas trans se circunscriben a una norma técnica en el ámbito de la salud para mejorar la atención de las personas trans y a un procedimiento que permite el registro civil de la persona sin solicitar requisitos que patologicen su identidad. La labor de incidencia pública de colectivos y movimientos de personas trans ha sido notable en los últimos diez años, sin embargo, en el imaginario común de la sociedad peruana, siguen siendo un grupo poblacional estigmatizado y violentado. De hecho, el Informe N° 007-2018 de la Defensoría del Pueblo sobre el estado actual de los derechos de las personas LGBTQ indica que la invisibilización de los derechos se debe a la ausencia de i) datos oficiales que den cuenta de la magnitud de su situación, ii) una visión integral de abordaje del Estado en la materia, iii) políticas públicas con enfoque de diversidad sexual y iv) la impunidad frente a derechos conculcados.

De ahí que la promoción de condiciones para que las personas trans se sobrepongan, con acciones de participación y con oportunidades de reinvención para acceder a puestos de trabajo, sean impostergables. En paralelo también es indispensable el fortalecimiento organizacional de colectivos trans en diversas localidades del Perú, para que sean interlocutores válidos en los procesos de incidencia pública que se encaminen hacia una vida digna, prolongada y saludable; con una Ley de Identidad de Género y la implementación de políticas públicas para tener espacios cálidos, libres de transfobia y violencia.

En julio de 2021, el Perú cumplió doscientos años de independencia y renovó sus autoridades para el período 2021-2026. En este nuevo período ojalá se impulsen políticas públicas que garanticen los derechos de las personas LGBTQ, con foco especial atención en la población trans dada la extrema marginalización de la que es sujeto. Las personas trans que provienen de pueblos originarios se ven forzadas a migrar tanto por razones económicas como por la violencia y la discriminación, que las desarraiga del seno familiar. Una vez en ciudades intermedias, la población trans se halla en situación de calle y se dedica al trabajo sexual, donde no pocas terminan en redes de trata de personas. Asimismo, dentro de la población trans también se encuentran mujeres y personas desplazadas por la crisis en Venezuela, donde la indocumentación es el signo preponderante. La condición socioeconómica marcada por la pobreza, tanto monetaria como multidimensional, así como no tener una educación secundaria completa en todos los grupos etarios, son características complejas y severas para afrontar a diario las vicisitudes de la vida. De ahí la importancia de llegar con el proyecto tanto a Lima, como a las localidades del interior, por las brechas de desigualdad que enfrentan.

Este contexto nos invita a seguir promoviendo la aprobación de una Ley de Identidad de Género para todas las localidades del Perú. La Covid-19 ha evidenciado que la ausencia del reconocimiento de este derecho afecta gravemente la seguridad física, alimentaria y digital de las mujeres trans defensoras de derechos humanos.

*Fotografía tomada en la entrega de alimentos para el Comedor Trans del Callao, Zona Sur, liderado por la compañera Karla Lino.